PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA SRA. PORTAVOZ DEL GRUPO IU-LV-CA, SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR.-
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda ratificar la inclusión de la Proposición en el orden del día del Pleno, por motivos de urgencia, que presenta la siguiente literalidad:
“PROPOSICIÓN SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR
Uno de los objetivos en las últimas décadas del movimiento feminista, ha sido que las mujeres podamos vivir la sexualidad sin el temor a embarazos no deseados y que la inmensa mayoría de las mujeres, independientemente de sus creencias puedan vivir la maternidad como una opción personal y libre, y no como una imposición.
Los propios organismos internacionales reconocen entre los derechos fundamentales, el derecho de las mujeres a decidir sobre las cuestiones relativas a su sexualidad y a su capacidad reproductiva, y a decidir libremente respecto a las mismas sin verse sujetas a la coerción o a la discriminación. Se trata pues de que tanto social como legalmente se respete el derecho de las mujeres a decidir ser madres o no, y se garanticen los medios y servicios públicos para que puedan llevar adelante sus propias decisiones reproductivas y sus proyectos de vida.
Si bien es cierto que se han dado avances con una relativa normalización en la prestación de interrupciones voluntarias de embarazos, también es cierto que la normativa española en esta materia, con más de 25 años de vigencia, necesita actualizarse y adecuarse a la realidad social. En definitiva reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y de dar solución a los problemas que se han venido dando, en la aplicación de la actual legislación, cuando las mujeres han querido ejercer libremente su derecho.
En el actual proceso abierto de elaboración de una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo estamos asistiendo, por una parte, a una “cruzada” antiabortista que pretende hasta anular esos derechos legalmente reconocidos poniendo incluso en grave peligro la salud y la vida de las propias mujeres imponiendo una decisión a la voluntad de la mujer, y anulando su capacidad para decidir libre y voluntariamente, desde las autodenominadas organizaciones “pro vida” y desde diversos estamentos de la Iglesia Católica.
Y por otra parte, a una falta de determinación del Gobierno a presentar un Proyecto Legislativo, donde se recoja el pleno respeto a la libre decisión de las mujeres y que sitúe a la legislación española a la cabeza de las legislaciones europeas, en esta materia.
No tiene sentido que después de tantos años de una legislación obsoleta e hipócrita, ya que si bien, nuestra normativa estaba entre las más restrictivas de Europa, la práctica ha sido de las más permisivas, ahora pretendamos quedarnos en el tramo medio de las legislaciones europeas, que en la mayoría de los casos son legislaciones con varias décadas y con demostrada insuficiencia en diversos ámbitos de cobertura.
Por todo ello entendemos que es necesario que se apruebe una Ley que garantice, sin tutelas la libre decisión de las mujeres y que nos sitúe a la cabeza de los países europeos.
Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Diputación Provincial la adopción de los siguientes
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda ratificar la inclusión de la Proposición en el orden del día del Pleno, por motivos de urgencia, que presenta la siguiente literalidad:
“PROPOSICIÓN SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR
Uno de los objetivos en las últimas décadas del movimiento feminista, ha sido que las mujeres podamos vivir la sexualidad sin el temor a embarazos no deseados y que la inmensa mayoría de las mujeres, independientemente de sus creencias puedan vivir la maternidad como una opción personal y libre, y no como una imposición.
Los propios organismos internacionales reconocen entre los derechos fundamentales, el derecho de las mujeres a decidir sobre las cuestiones relativas a su sexualidad y a su capacidad reproductiva, y a decidir libremente respecto a las mismas sin verse sujetas a la coerción o a la discriminación. Se trata pues de que tanto social como legalmente se respete el derecho de las mujeres a decidir ser madres o no, y se garanticen los medios y servicios públicos para que puedan llevar adelante sus propias decisiones reproductivas y sus proyectos de vida.
Si bien es cierto que se han dado avances con una relativa normalización en la prestación de interrupciones voluntarias de embarazos, también es cierto que la normativa española en esta materia, con más de 25 años de vigencia, necesita actualizarse y adecuarse a la realidad social. En definitiva reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y de dar solución a los problemas que se han venido dando, en la aplicación de la actual legislación, cuando las mujeres han querido ejercer libremente su derecho.
En el actual proceso abierto de elaboración de una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo estamos asistiendo, por una parte, a una “cruzada” antiabortista que pretende hasta anular esos derechos legalmente reconocidos poniendo incluso en grave peligro la salud y la vida de las propias mujeres imponiendo una decisión a la voluntad de la mujer, y anulando su capacidad para decidir libre y voluntariamente, desde las autodenominadas organizaciones “pro vida” y desde diversos estamentos de la Iglesia Católica.
Y por otra parte, a una falta de determinación del Gobierno a presentar un Proyecto Legislativo, donde se recoja el pleno respeto a la libre decisión de las mujeres y que sitúe a la legislación española a la cabeza de las legislaciones europeas, en esta materia.
No tiene sentido que después de tantos años de una legislación obsoleta e hipócrita, ya que si bien, nuestra normativa estaba entre las más restrictivas de Europa, la práctica ha sido de las más permisivas, ahora pretendamos quedarnos en el tramo medio de las legislaciones europeas, que en la mayoría de los casos son legislaciones con varias décadas y con demostrada insuficiencia en diversos ámbitos de cobertura.
Por todo ello entendemos que es necesario que se apruebe una Ley que garantice, sin tutelas la libre decisión de las mujeres y que nos sitúe a la cabeza de los países europeos.
Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Diputación Provincial la adopción de los siguientes
No hay comentarios:
Publicar un comentario